La acción de GI-ESCR en Chile busca promover un enfoque que tenga en cuenta la igualdad de género, los derechos humanos y la cuestión climática en el proceso constitucional chileno y en los debates de política económica.

GI-ESCR utiliza la experiencia internacional en otros foros de derechos humanos y feministas para proporcionar asistencia técnica a los socios chilenos y ayudarles a influir en las discusiones sobre la nueva constitución.

GI-ESCR colabora con socios y redes nacionales e internacionales para fomentar el intercambio de experiencias en políticas sociales y económicas en Chile. Esa reciprocidad ayuda a los socios chilenos a impulsar una agenda respetuosa e igualitaria con los sectores más vulnerables de la sociedad.

Contexto

El 25 de octubre pasado, los chilenos fueron llamados a decidir sobre el mayor cambio en el país desde el restablecimiento de la democracia en 1990. Votaron en un referéndum que determinaría la elaboración de una nueva Constitución.

La mayoría de los ciudadanos votaron a favor de la elaboración de una nueva Constitución que refleje una nueva realidad para una sociedad que hasta entonces se regía por una Constitución redactada bajo la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

El nuevo pacto social que discute hoy en el país es consecuencia de las demandas que en octubre de 2019 se tomó las calles en manifestaciones masivas a lo largo y ancho del país para mostrar su ira y desesperación. Nadie imaginó en ese momento que el aumento de la tarifa del metro de Santiago tendría un impacto de semejantes dimensiones, pero sirvió de detonante del que fue llamado el despertar chileno. Las desigualdades extremas del país empujaron a la población a rebelarse y el movimiento logró un fuerte apoyo internacional. El éxito en todo el mundo del himno "Un violador en tu camino", interpretado por la banda feminista Las Tesis, fue prueba de ello.

Las mujeres son, junto con las generaciones jóvenes y las comunidades indígenas, uno de los grupos sociales más afectados por las desigualdades del país. A pesar de la imagen de prosperidad que proyecta fuera de sus fronteras, una mayoría de la población no se ha beneficiado del progreso económico. Después de tres décadas de crecimiento estable, inflación controlada y tasas de pobreza decrecientes, Chile tiene ahora el ingreso per cápita más alto de América Latina. No obstante, es el país más desigual de la OCDE, con una brecha en nivel de ingresos un 65% mayor que la media. Los chilenos más desfavorecidos tienen que lidiar con el alto costo de vida, la falta de protección social, los bajos salarios y la segregación de las políticas de vivienda. Asimismo, la privatización de los sistemas de pensiones y atención médica y la insuficiencia de recursos destinados al sistema educativo socavan las oportunidades de los grupos más vulnerables. Es el caso de las mujeres, quienes reciben salarios más bajos y, por ende, pensiones más reducidas. La privatización del sistema educativo, a su vez, aumenta la exclusión social de las niñas que pertenecen a familias más vulnerables.

Es por ello necesario que se lleve a cabo un análisis feminista de las políticas económicas y sociales que garantice que la nueva constitución impulse la igualdad de género en el país. En este contexto, es crucial desarrollar un análisis de la economía chilena desde una perspectiva feminista y de derechos humanos y apoyar a aquellos grupos que exigen cambios transformadores.

La relevancia del caso chileno trasciende sus fronteras, ya que pondrá en evidencia cómo las políticas neoliberales y la privatización de los servicios públicos condujeron a una desigualdad extrema en todo el mundo. Es por ello que esta sería una gran victoria no solo para los ciudadanos de Chile, sino también para los de muchos otros países.

Nuestro Enfoque

GI-ESCR busca informar e influir en los debates sobre la nueva constitución desde una perspectiva de género y derechos económicos, sociales y culturales.

Su objetivo es promover acceso a la mejor evidencia disponible sobre políticas alternativas que pongan la igualdad de género, la protección del medio ambiente y los derechos humanos al centro de los debates públicos sobre nueva constitución. Se busca con ello dar apoyo a las organizaciones nacionales y locales que participan en los procesos de movilización e incidencia.

En colaboración con sus socios, GI-ESCR elabora y distribuye informes técnicos y materiales estudios constitucionales comparados sobre protección y promoción de derechos económicos, sociales y culturales, evidencia sobre impacto de políticas públicas en temas de género, análisis técnicos de procesos de desprivatización de servicios sociales, entre otros. También aprovechamos los procesos internacionales que tratan sobre derechos humanos e igualdad de sexos para promover soluciones que aboguen por la igualdad de género y sean sensibles al problema climático.

Para aumentar el escrutinio sobre Chile y presionar a su Gobierno y otras instituciones,  GI-ESCR defiende en los espacios regionales e internacionales las demandas de sus ciudadanos, en particular de las mujeres y grupos tradicionalmente excluidos de los debates nacionales.

cobertura mediática

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