Grupos de derechos humanos exigen que México proteja los derechos humanos e incluya una perspectiva de género en sus compromisos para combatir el cambio climático
La protección de los derechos humanos y el avance en la igualdad de género deben colocarse en el centro de los compromisos climáticos de México para garantizar que sus iniciativas de transición a una economía baja en carbono sean justas y no causen daño. Ahora que México se encuentra en el proceso de actualizar sus contribuciones determinadas nacionalmente (NDC) conforme a sus obligaciones derivadas del Acuerdo de Paris, es un momento crucial para asegurar que en dichos planes no se comentan los mismos errores del pasado en los que se prioriza el desarrollo económico sobre la protección al medio ambiente y los derechos de las comunidades locales y grupos marginalizados, y se aúnan esfuerzos para asegurar la igualdad para todos y todas.
La actualización de las contribuciones determinadas nacionalmente (NDC) son una excelente oportunidad para sentar los principios de una transición justa, toda vez que es el principal recurso que tienen los Estados para comunicar a nivel internacional y nacional las medidas que se comprometen a asumir para combatir el cambio climático y contribuir al objetivo de evitar que la temperatura global se incremente por encima de los 2°C.
En ese contexto, bajo el liderazgo de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Asociación para la Defensa del Medio Ambiente (AIDA), la Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights se honra en haber sido parte de un grupo de diversas organizaciones de la sociedad civil, incluyendo el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Greenpeace México A.C, El Poder del Consumidor; el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) y el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir que remitieron una carta a las autoridades mexicanas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con información detallada sobre los principios, estándares y directrices de derechos humanos que debe considerar en la actualización de sus NDC. La carta conjunta también incluye una serie de recomendaciones a fin de asegurar que las nuevas NDC, que deberán ser adoptadas en el transcurso del 2020, incluyan una perspectiva transversal de género, sean implementadas conforme a estándares de derechos humanos y garanticen la protección de los grupos desproporcionadamente afectados por el cambio climático y por las condiciones estructurales de desigualdad.
En la carta las instituciones firmantes específicamente hacen un llamado para que en el diseño y aplicación de las nuevas NDC el Estado mexicano:
Cumpla las obligaciones internacionales respecto a las poblaciones indígenas y afro-mexicanas;
Acate las obligaciones internacionales respecto al derecho humano a un ambiente sano;
Prevenga y atienda los impactos laborales de la crisis climática en México;
Incluya la perspectiva de género en el diseño e implementación de medidas y actividades de mitigación y adaptación al cambio climático;
Implemente la debida diligencia en materia de derechos humanos en proyectos de desarrollo estatales y privados; y
Emprenda un proceso de transición energética justa y sostenible.
