PROCESO CONSTITUYENTE DE CHILE CONCLUYE INCORPORANDO IMPORTANTES APORTES DE GI-ESCR

En noviembre de 2019, Chile dio inicio a un proceso constituyente que dio cauce institucional al denominado “estallido social” que se había dado inicio durante el mes previo. Desde las discusiones iniciales, este proceso mostró rasgos progresistas, siendo la primera a nivel mundial que sería redactada con paridad, escaños reservados para los pueblos originarios y participación de listas de independientes.

Preparación del proceso constituyente

En preparación del proceso, la Iniciativa Global desarrolló una serie de actividades orientadas a promover los estándares internacionales de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, entre las que se cuentan:

  1. Ciclo de conversatorios “Derecho sociales y proceso constituyente: (re)imaginando el Chile del siglo XXI” (6 agosto - 24 septiembre 2020)

  2. Lanzamiento publicación GI-ESCR “TOPIC 11 | PUBLIC FINANCING OF PUBLIC SERVICES” (Noviembre 2020)

  3. Lanzamiento publicación “Habitar en dignidad. Hacia el derecho a la vivienda en la Nueva Constitución” (Noviembre 2020)

  4. Lanzamiento publicación “Constituyamos otra Educación… Una mejor sociedad es posible” (Diciembre 2020)

  5. Lanzamiento campaña “Compromiso por el Habitar en Dignidad. Lineamientos para el debate sobre el derecho a una vivienda adecuada” (Junio 2021)

  6. Lanzamiento plataforma “La Constitución es Nuestra” cuyo objetivo era conectar a la Convención Constitucional con la ciudadanía (16 agosto 2021)


Incidencia en la Convención Constitucional

Instalada formalmente el 4 de julio de 2021, la Convención Constitucional contó con una serie de mecanismos de participación ciudadana que fueron utilizados por el equipo doméstico de la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, junto a otros mecanismos de incidencia colectiva para promover la incorporación tanto de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, como de sus mecanismos de garantía y el enfoque de género, dentro del texto constitucional que se redactase. Dentro de estas actividades se encuentran: 

  1. Audiencia pública GI-ESCR en la comisión transitoria de derechos humanos (18 agosto 2021)

  2. Lanzamiento publicación “Por un reglamento feminista” (4 julio 2021)

  3. Lanzamiento libro “Derechos sociales y el momento constituyente de Chile: Perspectivas globales y locales para el debate constitucional” (Septiembre 2021)

  4. Webinar “Mujeres y DESCA. Miradas desde la interseccionalidad” (9 septiembre 2021)

  5. Lanzamiento publicación “Habitar en Dignidad. Propuestas Constitucionales” (23 septiembre 2021)

  6. Lanzamiento Manifiesto Global por los Servicios Públicos (25 octubre 2021)

  7. Ciclo de diálogos “#SinRecursosNoHayDerechos” (7 octubre - 18 noviembre 2021)

  8. Creación de la Red Ciudadana para la Justicia Fiscal y Tributaria en Chile (Noviembre 2021)

  9. Cabildo “Política Fiscal y Derechos Humanos” (1 diciembre 2021)

  10. Lanzamiento reporte “Propuestas para una justicia tributaria y fiscal en la nueva Constitución de Chile” (3 diciembre 2021)

  11. Cabildo abierto “Servicios Públicos” (17 diciembre 2021)

  12. Lanzamiento publicación “Más que Juanitas. Garantizando derechos económicos, sociales, culturales y ambientales con enfoque de género” (17 diciembre 2021)

  13. Jornada de creación y revisión de propuesta de articulado y fusión en Iniciativa Popular de Norma conjunta entre política fiscal y servicios públicos (22 diciembre 2021)

  14. Presentación de propuesta de Iniciativa Popular de Norma Nº 18.202 “Servicios públicos universales y de calidad y política fiscal universal y justa para la garantía de derechos sociales” (24 diciembre 2021)

  15. Campaña de recolección de firmas para Iniciativa Popular de Norma 18.202 (Febrero 2022)

  16. Exposición ante Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico de la Convención Constitucional (7 marzo 2022)

  17. Exposición ante Comisión de Forma de Estado de la Convención Constitucional (14 marzo 2022)

  18. Seminario internacional “Servicios públicos universales y de calidad para el nuevo Chile” (26 y 27 de abril de 2022)


Importante resulta destacar que el mecanismo de Iniciativa Popular de Norma permitió que GI-ESCR Chile –en conjunto con la Internacional de Servicios Públicos y otros socios– por primera vez construyera contenido normativo preciso basado en el Manifiesto Global por los Servicios Públicos y los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal, y lo llevara a un espacio de toma de decisiones de rango constitucional por primera vez a nivel mundial. Esto requirió un fuerte trabajo de campaña e incidencia pública, para lograr el mínimo apoyo popular de 15.000 firmas exigido por el reglamento de la Convención Constitucional. El 1º de febrero de 2022, GI-ESCR Chile y sus socios locales consiguieron 16.388 firmas de apoyo, permitiendo ingresar la propuesta de articulado a la discusión de las comisiones de Medio Ambiente y Forma de Estado de la Convención Constitucional. Ulteriormente, el texto propuesto por la coalición integrada por GI-ESCR Chile quedó expresamente recepcionado particularmente en los artículos 176 y 185 de la propuesta constitucional presentada posteriormente a la comunidad de Chile.


El texto de la propuesta constitucional

La propuesta constitucional, que ha sido calificada internacionalmente como una de las más progresistas de la época, consagró apropiadamente un marco general de derechos sociales al: (i) incorporar el Estado Social de Derecho; (ii) introducir disposiciones sobre la interdependencia de todos los derechos humanos, la progresividad y no regresividad de los derechos sociales, los principios de igualdad sustantiva y de no discriminación y la generación de medidas afirmativas; (iii) ampliar el catálogo derechos sociales, incluyendo derechos no considerados previamente (vivienda, agua, energía y cuidados entre otros) y ajustando el tratamiento de los ya considerados a los estándares internacionales de derechos humanos; (iv) introducir mecanismos de garantía de los derechos sociales, como una política fiscal justa, servicios públicos universales y de calidad, y la justiciabilidad de estos derechos; y (v) el reconocimiento y regulación de grupos tradicionalmente excluidos como mujeres; niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, personas adultas mayores y pueblos indígenas, entre otros. Todos estos puntos se encuentran en el corazón de la agenda programática de GI-ESCR.

Precisamente por los avances significativos que la propuesta representaba en términos de derechos sociales, GI-ESCR Chile unió fuerzas con otras tres organizaciones de la sociedad civil (Amnistía Internacional Chile, Ciudadanía Inteligente y Fundación Avina) para levantar una nueva etapa del proyecto “La Constitución es Nuestra”, cuyo objetivo fue promover el voto informado de las personas en Chile, a partir de la construcción de una metodología para la evaluación de los artículos de la propuesta constitucional por parte de las organizaciones de la sociedad civil y academia nacional e internacional, bajo una agenda temática de derechos humanos y de la naturaleza y fortalecimiento democrático. 

El contenido producido fue diseminado en diversos espacios y por diferentes canales en la sociedad chilena, alcanzando la plataforma digital, las redes sociales (Youtube, Instagram y Facebook) y actividades territoriales de contacto directo con grupos de personas en todas las regiones del país.

Algunos de los resultados del alcance de este proyectos fueron:

  1. Más de 40 organizaciones de la sociedad civil participaron de la aplicación de la metodología de evaluación, entregando su opinión sobre el texto final;

  2.  17 expertos/as a nivel internacional fueron convocados a evaluar normas de la propuesta constitucional chilena;

  3. Más de 33.000 constituciones fueron impresas y distribuidas a lo largo del país;

  4. Más de 41.600 cartillas fueron impresas y entregadas al público, las que incluían las evaluaciones de los 16 artículos más importantes conforme a la agenda programática del proyecto;

  5. El sitio web recibió más de 34 mil visitas únicas al contenido de las evaluaciones;

  6. Los voceros/as del proyecto tuvieron más de 24 apariciones en prensa de alcance nacional y regional;

  7. El video informativo de la Directora en Chile de GI-ESCR sobre el voto en el plebiscito tuvo más de 1,410,276 reproducciones;

  8. El equipo se desplegó territorialmente en más de 16 oportunidades para facilitar talleres temáticos con personas pertenecientes a comunidades tradicionalmente excluidas, como personas adultas mayores, personas en rehabilitación de drogas y alcohol, personas de comunas en situación de pobreza y personas con discapacidad mental, entre otras;

  9. Por último, en alianza con otro proyecto denominado “Once Constituyente”, el proyecto desplegó material de las evaluaciones normativas en talleres desarrollados de Arica a Punta Arenas.


El plebiscito de salida

 El domingo 4 de septiembre de 2022, Chile enfrentó un plebiscito de salida, donde los ciudadanos debían votar por aprobar o rechazar la propuesta constitucional elaborada por la Convención Constitucional. En la ocasión, y en medio de un complejo contexto de inflación y aumento de la actividad delictual en el país, el texto propuesto fue rechazado con un 61,86% de los votos, siendo aprobado sólo por un 38,14% del padrón electoral, que por primera vez en la historia de Chile incluía la inscripción automática y el voto obligatorio.

Sin perjuicio del resultado electoral, desde la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales destacamos el gran éxito que el trabajo realizado por nuestro equipo en Chile tuvo en la incidencia de los estándares internacionales de derechos humanos, particularmente en relación con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales durante el proceso constituyente en Chile.

Aún en ausencia de un procedimiento claro para la continuación del proceso de construcción de una nueva constitución para Chile, desde GI-ESCR ratificamos el compromiso institucional de promover los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el futuro texto constitucional de Chile, consolidando así nuestra misión de transformar las desigualdades económicas, sociales y de género desde un lente de derecho humanos en las marcos institucionales del territorio de Chile.